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Javier Darío Restrepo
Bogotá, Colombia

Aunque el Derecho Internacional Humanitario señala como intocables a los enfermos y a los heridos en las guerras, en Colombia la destrucción de un hospital guerrillero, el ametrallamiento de una ambulancia con soldados heridos o la captura de un médico de la guerrilla se celebran como triunfos de los guerreros.

Llegó al campamento guerrillero con más cansancio que ánimos después del largo recorrido de casi una semana, por caminos de selva y de cordillera. Lo estaban esperando. Los males de Jacobo Arenas habían empeorado y hacía fila de espera en el improvisado consultorio Manuel Marulanda con su próstata inflamada.

Conversamos en la intimidad de mi biblioteca, con un bisbiseo de conspiradores, levantando la voz sólo lo suficiente para que pudiera oirlo, a pesar de mi sordera de viejo. Entre los múltiples recuerdos de este médico, éste es uno de los que conserva con marco destacado en la galería de su memoria.

Cuando examinó al viejo Jacobo, admiró su vigor intelectual, su entusiasmo, parecido al de cualquier joven universitario, su conversación fluida e inteligente, pero no sus pulmones.

Lo sorprendieron la cantidad y la calidad de los libros de su biblioteca, y aún se maravilla al recordar su cava: disponía el viejo dirigente guerrillero de una exquisita provisión de bebidas que compartió, generoso y festivo, con el médico visitante; pero no eran tan variados ni abundantes los recursos necesarios para una atención sanitaria.

Oyendo su relato le encontré cierta absurda lógica a la historia del parto de Clara Rojas en un campamento de selva en donde se carecía de todo, aún de esos elementos indispensables que sí tienen las veredas campesinas y los poblados indígenas en donde la atención a las parturientas hace parte de la vida normal y de las prácticas tradicionales de las comadronas.

Lo de Clara fue en el siglo XXI, la zozobra de mi médico sin recursos para atender a Arenas fue en la segunda mitad del siglo XX. Mientras tanto la tecnología de las armas y de las comunicaciones ha avanzado y llegado a la selva, pero no los recursos médicos.

Ante esta situación, el médico y su asistente decidieron regresar en busca de los elementos médicos necesarios para una cirugía y para otros tratamientos. Otra vez la cordillera y la selva; reiniciaron las largas y extenuantes jornadas de ida a la ciudad y de regreso al campamento en donde finalmente, sobre una mesa cubierta con una sábana limpia y convertida en quirófano, el médico y su ayudante pudieron hacer su trabajo con los guerrilleros enfermos.

Vendrían otras jornadas, años más tarde y en el territorio del Caguán, en que el paciente sería Jorge Briceño (a. Mono Jojoy) con unos alarmantes índices de azúcar que obligaron al médico a sentenciar, inapelable: o cuida su dieta y sigue el tratamiento, o terminará en silla de ruedas con las piernas amputadas. La severidad del diagnóstico fue contundente y salvadora.

Tocados por la ley

Mientras escucho el relato, caigo en la cuenta de que el médico y el reportero nos hemos puesto en peligro de ser procesados penalmente. Hace unos días apareció la noticia de la captura del doctor que manejaba el hospital La Casona, un centro médico levantado por la guerrilla para atender sus enfermos y heridos. La fiscalía lo requería por delito de rebelión y para interrogarlo sobre la salud de los jefes guerrilleros, según la información periodística.

Si esto había sucedido con aquel médico, lo mismo podría ocurrirle a mi interlocutor y de paso al periodista que podría ser acusado de complicidad porque, y de seguro, nadie podría obligarme a traicionar a mi fuente y no faltaría el fiscal de malas pulgas dispuesto a señalarme como cómplice de un terrorista vestido con la bata blanca de los médicos.

Entonces me prometí contar esta historia sin nombres ni señas que pudieran conducir a la identificación del médico, y averiguar por qué en el fondo de este hecho algo me sonaba mal.

El malestar venía de atrás, cuando un boletín del ejército anunció como un positivo el hallazgo y destrucción de un hospital de la guerrilla. Ahí no sólo se advertía la desproporción entre unos atacantes bien armados y unos guerrilleros enfermos o heridos, sino que aparecía como una falsa victoria la destrucción de un hospital. Juro que tendría la misma actitud de rechazo si la guerrilla llegara a bombardear el Hospital Militar o un pequeño hospital de pueblo. El tamaño no importa, es en el enfermo, en el herido que utilizan o podrían utilizar esas instalaciones, en donde aparece lo intocable.

En el momento de escribir esto, escucho en la radio la noticia sobre el ataque de la guerrilla a una ambulancia en la que transportaban a dos soldados heridos. El caso y las preguntas están ahí, vivos y reales.

No importa que el atacante sea guerrillero o soldado: cuando el objetivo del ataque es una ambulancia o un centro de salud, o un hospital, y las víctimas son soldados o guerrilleros heridos o enfermos, hay algo tan inhumano e innoble en el ataque como en el bombardeo a un jardín infantil. En uno y en otro caso son víctimas indefensas.

El protocolo de Ginebra

Es el argumento que siento latir al leer en un protocolo adicional del convenio de Ginebra sobre el Derecho Internacional Humanitario que "todos los heridos y enfermos y náufragos serán respetados y protegidos en toda circunstancia. No se puede atentar contra su vida, ni se les puede perjudicar de ninguna manera".

Los términos de esta norma han sido pensados y escritos de modo que no haya escapatoria por la vía de alguna excusa urdida por el odio. Puesto que son heridos o enfermos, están fuera de combate y no tiene por qué alcanzarlos la brutalidad de la guerra.

No son normas nuevas, tienen que ver con el sentido caballeresco de la guerra, convertido en tratado para regularizarla, que fue el nombre con que en 1820 denominaron el general Pablo Morillo y el Libertador Simón Bolívar a un lejano antecedente del Derecho Internacional Humanitario.

Los dos militares se anticiparon a las instrucciones humanitarias del general D.H. Dufour durante las operaciones contra el intento de secesión de unos de los cantones suizos en 1847. Abraham Lincoln, a su vez, reguló el comportamiento de las tropas de la Unión en la Guerra Civil de Estados Unidos en 1863, mediante la aplicación del Código de Liebre, otro antecedente de los protocolos de la Haya y de Ginebra que humanizan la guerra.

En el bárbaro atentado de las FARC contra la ambulancia, cerca de Yarumal, el martes 15 de abril, murieron dos soldados que habían sido heridos en la explosión de una mina antipersonal y la enfermera que los atendía.

La reacción que se produjo de inmediato fue la de denunciar el hecho ante la Cruz Roja Internacional y ante el mundo; y era justo que así se hiciera. Pero no ha ocurrido así cuando el ejército destruye hospitales de la guerrilla o de las autodefensas, a pesar de que los citados protocolos de Ginebra reclaman la protección de las unidades sanitarias y por tales entienden: los edificios o instalaciones fijas, o las móviles como tiendas de campaña o instalaciones al aire libre; el material sanitario que jamás será destruido, sino que se dejará a disposición del personal sanitario, y a este personal no se lo podrá obligar a que realice actos contrarios a las normas de la deontología médica, ni a que e abstenga de realizar actos exigidos por tales normas.

Los dilemas

En este punto de la conversación con mi médico interlocutor, él revive el dilema ético que se le planteó cuando recibió la invitación a visitar el campamento guerrillero: lo llamaban como médico, pero aceptar la invitación implicaba correr unos riesgos, los de internarse en una zona roja en donde podrían explotar inesperadamente enfrentamientos armados; además, podrían recaer sobre él la estigmatización y las sindicaciones legales; pero de otro lado, su conciencia profesional lo urgía, porque detrás de esa invitación estaba el pedido de ayuda de unos enfermos. ¿A quién atender: a su conciencia profesional o a una normativa político-legal?

El médico atendió profesionalmente a Jacobo Arenas y a Manuel Marulanda, entre otros; después lo haría con el Mono Jojoy; regresó para comprar elementos médicos y los transportó clandestinamente hasta la selva, y cuando tuvo a los guerrilleros como pacientes, el dilema se agudizó: según los protocolos que habíamos examinado, la protección humanitaria para los heridos y los enfermos se justifica porque están fuera de combate. Ni Arenas, ni Marulanda, ni Jojoy estaban fuera de combate. Entonces, ¿atenderlos o no atenderlos?

"Mi conciencia de médico fue clara: eran enfermos", dijo. Después recordaría el episodio de la guerra de los Mil Días exhumado de archivos por el historiador Carlos E. Jaramillo (Los guerrilleros del Novecientos), el de los médicos que antepusieron los sentimientos partidistas al juramento hipocrático. "Se dieron casos en que algunos de estos galenos, atrincherados en su profesión, libraron su propia guerra". Aludía el historiador a un médico conservador que en Santander se dedicó a amputar liberales para ponerlos definitivamente fuera de combate.

"¿Regresaría como médico al campamento guerrillero?", le pregunto. "Claro que sí. Es un deber de conciencia", me contesta.

Al repasar estas notas y ordenarlas encuentro que hombres y hechos así hacen menos inhumana esta guerra, a pesar de la torpeza y brutalidad de los combatientes de lado y lado.

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