Militares controlan Bagua tras los enfrentamientos

AP En Bagua Chica y Bagua Grande se han cancelado las clases escolares por una semana, hay estado de emergencia y el toque de queda autoriza al ejército a controlar los ingresos y salidas de los pobladores y periodistas que circulan por ellos.

Paola Ugaz
Lima, Perú

Las poblaciones de Bagua Chica y Bagua Grande, donde el pasado viernes se enfrentaron los policías y los nativos es controlada por los militares, quienes vigilan el movimiento de todos los pobladores y visitantes tras la declaración de toque de queda que va de las tres de la tarde a las seis de la mañana.

Hasta hoy, para el gobierno las cifras de víctimas tras la asonada ascienden a 35 muertos: 24 policías y 11 nativos. El jefe de la policía, Miguel Hidalgo, ha declarado que aún falta encontrar los cuerpos de dos policías más.

Por su parte, los indígenas de las etnias awajún-huambisa perteneciente a la familia jíbaro aseguran que sus víctimas ascienden a cerca de 100 personas, y que los cuerpos de los nativos fueron quemados y arrojados al río Marañón.

Por esa razón miembros de las organizaciones de derechos humanos como el Equipo Peruano de Antropología Forense, el Instituto de Defensa Legal y la Asociación Pro Derechos Humanos han viajado a la zona para buscar los cuerpos y garantizar la seguridad de los nativos tras los enfrentamientos.

Sobre la situación de Bagua, su alcalde, Luis Nuñez declaró hoy a la televisora Frecuencia Latina que el horario de toque de queda "es lesivo para el desarrollo de la ciudad porque los comercios están perdiendo mucho dinero por el cierre de las tiendas y por el incendio de decenas de instituciones públicas".

El alcalde de Bagua se mostró contrariado, "porque hay muchos pobladores heridos de bala que salieron a los balcones ó a las ventanas a ver lo que pasaba. Fue un viernes sangriento".

En Bagua Chica y Bagua Grande se han cancelado las clases escolares por una semana, hay estado de emergencia y el toque de queda autoriza al ejército a controlar los ingresos y salidas de los pobladores y periodistas que circulan por ellos.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, quien viajó a Bagua el pasado fin de semana, alertó de los brotes de violencia que pueden surgir en otras zonas de la Amazonía que se encuentra en pie de guerra por el bloqueo por 5 mil nativos de la carretera de Tarapoto a Yurimaguas, así como el levantamiento de los pobladores en los departamentos de Ucayali y Loreto.

"Lo que tenemos que hacer es reconstruir las condiciones para el diálogo, porque los nativos están históricamente abandonados y como Defensoría del Pueblo hemos encontrado que el Decreto Legislativo 1064 es inconstitucional, no respeta la diversidad cultural de los pueblos indigenas y viola el derecho a la consulta definido por el convenio 169 de la OIT", indicó Merino.

"Quisiera invocar al país el retorno a la paz, que en los medios de comunicación salgan los antropólogos a explicar que sucedió o como se manejan las lógicas de los nativos. Debemos empezar a escucharnos a nosotros mismos pero que no tengamos jamás un viernes como el de la semana pasada", anotó la Defensora del Pueblo.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo se ofreció públicamente como mediadora en el conflicto en la Amazonía entre los nativos, el gobierno y el congreso para que se discutan los decretos legislativos de la discordia y cesen las víctimas tanto del lado policial como de los indígenas.

Durante un aniversario militar celebrado el domingo, el presidente peruano, Alan García, dijo que "hubo diálogo durante 55 días", pero que "fue minado por intereses extranjeros" sin abundar en la presentación de pruebas ni precisar los países que se encuentran detrás.

"El Perú es hoy un punto de atracción de inversiones, nadie lo duda pero muchos lo envidian y quieren detenerlo, y usan para eso la ignorancia de sus quintas columnas internas organizándolos con el beneficio de malos políticos que no pueden convencer al país y buscan en lo más retrasado y más profundo de nuestro pasado instrumentos para poder coartar y chantajear al Perú", refirió el mandatario que gobernó por vez primera al país entre 1985 al 1990.

Por su parte, el ex presidente Alejandro Toledo señaló que los sucesos en Bagua le hicieron recordar la matanza de los penales ocurrida en el primer gobierno de García, al tiempo que declaró que "el responsable político de lo sucedido es Alan García pero yo no voy a pedir su vacancia, como lo hizo él durante mi gobierno".

De inmediato, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas señaló que "que no tolerará (las críticas) porque él (Toledo) administró el país con frivolidad, pocas veces andaba cuerdo y muchas embriagado".

La falta de autocrítica del gobierno ha sido señalado por los analistas políticos peruanos como el periodista Augusto Alvarez Rodrich, quien refiere que "no se puede aceptar tan fácilmente que son terroristas los nativos que han peleado en las guerras contra Ecuador y que sufren una antigua intolerancia e indiferencia de los gobiernos centrales. El origen de sus reclamos es legítimo, aunque sin duda no las matanzas que realizaron".

"El 'Estado limeño' debió escucharlos con atención y no pelotear el tema, por dos meses, entre el ejecutivo y el congreso. Ahí radica una responsabilidad crucial de lo ocurrido. Cuando un gobierno recurre al balazo como instrumento de solución de conflictos está renunciando a su misión de gobernar y revelando una gran debilidad", explicó Alvarez Rodrich.

El editorial del principal diario peruano, El Comercio indica hoy que "el costo político debe ser asumido, como corresponde en la tradición republicana, por el presidente del consejo de ministros, Yehude Simon y los titulares de los sectores directamente involucrados. Eso debe entenderse no como un triunfo político para los insurrectos, ni tampoco solo como un relevo, sino como el recambio indispensable para que la gobernabilidad integral no se afecte".

Pero, ¿quiénes son los nativos que se enfrentaron con los policías el pasado viernes?, el estudioso de la Amazonía, Roger Rumrrill, explicó al diario La República que la etnia awajún-wampis conocida como los aguaruna-huambisa son famosos por su tradición guerrera, "quienes nunca dejaron entrar a los españoles a sus territorios ancestrales a lo largo de los siglos, y que recién en la década de los 70 permitieron el ingreso de los primeros mestizos a sus territorios, pero los admitieron como (apaches) extranjeros, foráneos y no como miembros de la comunidad".

"La policía enfrentó a los awajún-wampis en Bagua. Ellos son unos guerreros y no toleran la invasión de sus territorios. Que les maten a uno de sus hermanos es como si les hicieran una declaratoria de guerra", advirtió el experto.

"Ellos se ubican en toda la región y básicamente en Condorcanqui, en los ríos Cenepa, Santiago, Nieva y Marañón. Estos indígenas aguarunas huambisas fueron los guías de las tropas peruanas en la guerra contra Ecuador. Son los que mejor conocen el territorio de la Cordillera del Cóndor", concluyó Rumrill.

La situación de los nativos en Bagua Chica y Bagua Grande es tensa porque tras los enfrentamientos, centenares de nativos se han refugiado en las iglesias o en organismos no gubernamentales, temerosos de ser capturados por el ejército y llevados a prisión, teniendo en cuenta, el pedido de 35 años de cárcel para el líder indígena, Alberto Pizango, por rebelión, ataque a las Fuerzas Armadas y homicidio calificado.

Pizango se encuentra en la clandestinidad desde el pasado viernes.