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Reuters
En la tragedia, ocurrida el 19 de febrero de 2006, murieron 65 mineros, pero solo dos cuerpos fueron rescatados.
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Rosalía Vergara
México
La explosión del 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila, en la que murieron sepultados 65 mineros que trabajaban a destajo, con muy bajos salarios y pésimas condiciones de seguridad -como hace 100 años-, se convirtió en un capítulo de novela histórica.
Los hechos reales, la ficción y la memoria se mezclaron ya en una narración surrealista en el que las viudas de los fallecidos en la tragedia sólo quieren sus cuerpos para darles cristiana sepultura, mientras los dueños del filón y los gobiernos de derecha que gobiernan al país desde el 2000 protegen a los dueños de la concesión de la mina: Industrial Minera México, filial de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco.
Hay razones para creerlo: En el año 2006 importantes funcionarios de Grupo Industrial Minera México fueron integrantes de la Fundación Vamos México, presidida por Marta Sahagún, esposa del expresidente derechista Vicente Fox.
Son los casos de Valentín Diez Morodo, Francisco Javier Soni Ocampo y Gilberto Perezalonso Cifuentes, cuyos nombres aparecían en ese entonces en el directorio de Grupo México como altos ejecutivos. Al mismo tiempo, en el directorio de la Fundación Vamos México, Diez Morodo estaba registrado como asociado honorario y Soni Ocampo como comisario suplente. Este último y Perezalonso Cifuentes aparecían también como miembros de su Comité de Vigilancia.
Su sucesor, el también derechista Felipe Calderón se comprometió, durante su campaña presidencial, a ordenar el rescate de los cuerpos. No ha cumplido.
Al contrario, benefició a Grupo México con el nombramiento de Fernando Gómez Mont como secretario de Gobernación, tras la muerte de Juan Camilo Mouriño en un avionazo, el año pasado. Hasta septiembre de 2008 Gómez Mont fue abogado de Grupo México en el caso Pasta de Conchos, de acuerdo con testimonios de Pastoral Laboral, organización defensora de las viudas y sus hijos, encabezada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera.
En esta novela, las víctimas son las esposas y los hijos de las víctimas; los victimarios son miembros del gobierno derechista mexicano que no aplican justicia, no ordenan el rescate de los cuerpos, no castigan a la empresa porque no ha indemnizado a las viudas; los deja en la indefensión, afirmó en entrevista con Terra Magazinne, Cristina Auerbach, miembro de Pastoral Laboral, amenazada y amedrentada por defender a las viudas de Pasta de Conchos.
Durante tres años, Auerbach, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, de la organización católica Pastoral Laboral; el abogado laboralista, Manuel Fuentes y miembros del Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal) como Carlos Rodríguez, Rodrigo Olvera y Aniceto Ortega han denunciado sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos de los deudos de las víctimas de Pasta de Conchos, exigen el rescate de los cuerpos y justicia para las viudas.
No hay respuesta del gobierno derechista de Calderón. Por el contrario, tres años después de la tragedia, los cuerpos de 63 mineros siguen sepultados y la teóloga Cristina Auerbach, cercana a las viudas de Pasta de Conchos, ha sido amenazada y amedrentada incluso en su casa por presuntos policías. Incluso detectó averías en su automóvil particular que, asegura, estaban destinadas a provocarle un accidente, pues así se lo corroboraron los mecánicos que revisaron su vehículo.
En entrevista con Terra Magazine, Auerbach narró el acoso que ha sufrido en su casa por parte de hombres que dicen ser policías, con el fin de intimidarla y disuadirla de seguir trabajando a favor de las viudas.
"La primera vez que me amedrentaron fue el 19 de junio de 2007. Un par de hombres vestidos de civil se metieron al estacionamiento del edificio donde vivía en la colonia Del Valle; estaban armados y me encañonaron. Creí que era un asalto a mano armada y comencé a desabrocharme el reloj, pero uno de ellos me gritó que no, que el reloj no lo querían. Me arrancaron la microinfusión de insulina -soy diabética- me golpearon, me amenazaron y se llevaron mi camioneta", acusó.
Contó que ese día había notado que un carro focus color plata la había seguido cuando fue a dejar a las viudas a la estación de autobús para que regresaran a Coahuila. Por la tarde, 40 familias se habían deslindado del dictamen de Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) que no responsabilizaba a la empresa de la tragedia en el filón y señalaba que se había tratado de un accidente.
Una segunda intimidación se dio cuando el reportero Arturo García, de la revista Proceso, publicó que el agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) José Antonio Sánchez Ortega -uno de los sospechosos clave en el homicidio del ex candidato presidencial del centrista PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994- reapareció públicamente en Coahuila, donde realizó seguimiento a las actividades del gobernador Humberto Moreira, del obispo Raúl Vera y de los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos, como parte de maniobras políticas.
Cristina asegura que este señor estuvo en la mina días después de la explosión y días después de que se difundió la noticia hombres vestidos de civil regresaron a su casa a amenazarla.
La tercera ocasión no fue directa. Cristina contó que el 12 de septiembre de 2008 dejó su vehículo a la salida de su casa por escasos 30 minutos. No observó nada sospechoso, pero en el camino notó que la camioneta estaba funcionando de manera irregular y señalaba baja la presión de las llantas.
Decidió circular a muy baja velocidad hasta llegar a su oficina y mandó el coche al mecánico quien le advirtió de los birlos zafados. "Me dijo que de milagro no me había accidentado".
Posteriormente descubrió que su vecina, quien le dijo que era maestra de inglés, trabajaba en realidad como informante de Grupo México y les reportaba cada vez que llegaba ella o miembros de Pastoral Laboral a su domicilio, de sus reuniones, quiénes eran los abogados, etcétera. Entonces decidió mudarse de casa "como si eso me fuera a salvar de las intimidaciones", contó con ironía, figura del discurso que utiliza muy a menudo para matizar estos actos intimidatorios.
Es en esa casa donde recibió a Terra Magazine, donde también pernocta el obispo Vera cuando visita la ciudad de México. Hasta ahí la siguieron amedrentando. El 4, 11 y 24 de febrero pasado, en el marco del tercer memorial de Pasta de Conchos, hombres vestidos de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a bordo de una patrulla, han querido entrar a su casa con el pretexto de una supuesta denuncia por violencia intrafamiliar. Cristina vive sola.
La primera visita de los presuntos policías se dio durante una reunión con los miembros de Pastoral Laboral. "Ese día fue confuso saber a quién hostigaban, porque al obispo Raúl Vera lo han hostigado en la diócesis". Las otras dos ocasiones ella estaba sola.
Recuento de daños
Desde hace tres años, familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos acusan al gobierno de Calderón de no cumplir su oferta de ordenar el rescate de los cuerpos. Faltan 63 cuerpos por rescatar. Incluso, el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico -creado en 2002 como un "órgano autónomo de consulta del Poder Ejecutivo"- elaboró hace un año un dictamen sobre la viabilidad del rescate de restos de los mineros.
Paralelamente Industrial Minera México hizo dos peritajes elaborados por los consultores mineros D.G. Wooton y Donald McBride -en poder de Terra Magazine- que confirman la decisión de cancelar los trabajos debido a la presunta existencia de riesgos para los rescatistas por que la mina está inundada de agua contaminada con VIH, hepatitis, patógenos entéricos y tuberculosis. Hoy se sabe que dichos peritajes los hizo la empresa en conjunción con la propia STPS.
La mina fue cerrada en abril del 2008. Incluso, a los familiares se les entregó un acta de defunción elaborada por el Registro Civil de Coahuila, pese a que los cuerpos siguen enterrados en el filón, y no hay una autopsia de por medio, donde se asegura que las causas de la muerte son politraumatismo, explosión en interior de la mina, derrumbe en interior de la mina. Fue una defunción "accidental".
"Este es un caso más de impunidad que se suma a casos como el de Oaxaca, el de la periodista Lydia Cacho y en Atenco. Pasta de Conchos es un reflejo más de una impunidad sistemática y que obviamente se quiere enviar un mensaje a las viudas, a más de 615 familiares y a más de 100 mil mineros del país de que ningún trabajador tiene interés jurídico para reclamar justicia", afirmó Cristina.
Sigue: "Finalmente no hay ningún sancionado por este caso. No hay condiciones de que se solucione, mientras el Estado esté pactando con las empresas su permanencia en el poder".
En su opinión, en México hay un vacío de Estado y en la legislación que aprovechan empresas como Grupo México para imponer políticas de gobernabilidad en el país.
"No sé qué le debe el gobierno a Grupo México, pero el costo lo está pagando el Estado, es decir; el repudio por el caso de Pasta de Conchos es contra Grupo México y contra el Estado que entrega el caso de las viudas y los huérfanos a manos de una empresa", indicó.
Se cuestionó: "¿Cómo esperar que se haga justicia si el encargado de la política interna del país es el abogado de la empresa? Mientras la empresa siga surtiendo de funcionarios al gobierno, no habrá condiciones para la justicia en México."
El obispo Vera señaló que en el actual contexto, en el que México "va a la deriva", no habrá solución ni respuesta para las viudas ni para la sociedad, ante los problemas económicos, políticos y sociales de la actualidad.
Terra Magazine